LA PERORATA Y EL FONDO DEL SEGURO DEL ESTADO

Servicios de rehabilitación gratuitos al joven puertorriqueño Alexis Hernández Vélez, quien sufriera un quemaduras de segundo y tercer grado en un 70% de su cuerpo a causa de un accidente, mientras las aseguradoras privadas rehazaron sus servicios médicos, farmacia y rehabilitación. Adjudicación de todos los beneficios bajo la Ley de Compensaciones por Accidente del Trabajo, a la viuda del policía Miguel Martínez Ortiz, quien falleciera a causa del COVID19. A causa de la pandemia, se otorgó un crédito de 10% en la póliza de la CFSE con tope de hasta 50 millones sufragado de un superávit generado por la CFSE los últimos años. Esto, sumado a la aportación histórica de la CFSE al Fondo Legal; Fondo Municipal; Fondo para la Educación Especial de niños; Fondo para la infraestructura del Centro Médico y entre muchas otras aportaciones sociales.

Mientras, aseguradoras privadas negaban cubierta médica, medicamentos y tratamiento por pandemia de COVID19, por lo que fueron apercibidas por el Secretario de Salud de violación a la a Ley Núm. 43 de 2020. De hecho, fueron advertidas a ser sancionadas por exigir cobros de copagos, deducibles, preautorizaciones o referidos a los pacientes con sospecha de estar contagiados en detrimento de los ciudadanos, particularmente estudiantes. Se pronostica además, que los costos de los planes médicos privados en América Latina y el Caribe aumentarán un 8.8% en el 2021, lo que superará la inflación general en un 6.4%, de acuerdo a un informe de Health Solutions para AON de Puerto Rico. Tres años después del desastre ante el paso del huracán María, solo el 10% de las víctimas había recibido un pago justo por su póliza. El 43% aún no había cobrado sus reclamaciones, mientras el 45.6% cobró menos de lo que le correspondía, adeudando las aseguradoras privadas más de $4,400 millones a puertorriqueños, según una encuesta publicada por Opina Puerto Rico en un informe titulado, Justicia por los Asegurados. De hecho, las demandas por incumplimiento eran de esperarse y en las más recientes resueltas por nuestro Tribunal Supremo, protegieron a los asegurados frente a las aseguradoras que intentaron subvalorar los daños reclamados, pagando catidades sumamente menores a sus reclamaciones (pagos en finiquito) sin garantizarle sus derechos a ser informados adecuadamente, para que los ciudadanos pudiesen estipular acuerdos de forma justa, razonable e informada. Véase Feliciano Aguayo vs. Mapfre Panamerican Insurance Company, 2021 TSPR 73 y su progenie.

Como pueden observar, mientras la CFSE cumple con un servicio social y económico, las aseguradoras privadas responden solo a sus ganancias. A los apologistas de la libre competencia o privatización de la CFSE, estamos conteste a que debe haber una mirada a la CFSE, pero para fortalecer su fiscalización de patronos que defraudan mediante su declaración de nóminas (sustituyendo la clasificación de empleados por contratistas idependientes); aseguradoras defraudando clientes con ventas de cubiertas por accidentes ocupacionales; por incumplimiento de políticas contra accidentes en el empleo y el cumplimiento con la radicación de informes por accidentes ocupacionales.